España: conflicto catalán se tensa antes de un juicio emblemático

España: conflicto catalán se tensa antes de un juicio emblemático


El duelo entre el gobierno español y los independentistas catalanes alcanza una nueva dimensión el lunes con el proceso judicial al expresidente regional Artur Mas por organizar una consulta sobre la secesión, que sus seguidores denuncian como un juicio político.

Serán cinco días de juicio en la Audiencia de Barcelona que los independentistas están dispuestos a convertir en una tribuna para su causa.

El lunes por la mañana esperan reunir a por lo menos 30.000 simpatizantes en la gran avenida donde se encuentra el tribunal.

En su interior, Mas -presidente catalán de 2010 a 2016-, su exvicepresidenta Joana Ortega y la exresponsable de Educación Irene Rigau responderán a los cargos de desobediencia y prevaricación.

Según la acusación, deberían ser inhabilitados para ejercer cargos públicos tras haber organizado el 9 de noviembre de 2014 en escuelas y con material público una consulta sobre la independencia de Cataluña prohibida por el Tribunal Constitucional español.

En su defensa argumentan que garantizaron "el derecho a la libertad de expresión" de los catalanes que querían pronunciarse sobre el futuro de esta región de 7,5 millones de habitantes.

"El 6 de febrero se juzga a los 2,3 millones de personas" que participaron en la consulta, afirmó Mas el viernes.

Frente a ellos, el gobierno conservador español dirigido por Mariano Rajoy repite constantemente que hará respetar la ley y que un referéndum de autodeterminación regional no está previsto por la Constitución.

"El derecho son unas normas de las que nos hemos dotado los ciudadanos pero se pueden cambiar. Sino, las mujeres no votarían. Las leyes tienen que adaptarse a la sociedad", señaló este viernes la presidenta independentista del parlamento catalán, Carme Forcadell, encausada por autorizar un voto sobre la secesión en la cámara regional.

Las reivindicaciones de mayor autogobierno por parte de Cataluña, una rica región del noreste de España con lengua y cultura propias, tensan desde hace décadas sus relaciones con Madrid, pero el conflicto se intensificó en los últimos años.

El desencadenante ocurrió en 2010 cuando el Tribunal Constitucional español anuló, a petición del conservador Partido Popular de Rajoy, un estatuto de autonomía aprobado en 2006 que ampliaba las competencias regionales y definía Cataluña como una nación.

Desde entonces, los independentistas denuncian una "persecución judicial" y reclaman un referéndum de autodeterminación similar al organizado en Escocia en 2014.

Tras obtener en las elecciones catalanas de 2015 la mayoría absoluta del parlamento regional, prometieron conseguir la independencia en 2017 y organizar en septiembre un "verdadero referéndum" con o sin el permiso del Estado.

"Estamos muy preparados", declaraba el jueves una fuente del gobierno catalán asegurando que todo se organiza ya discretamente: legislación propia, administración independiente...

Y "si ganamos el referéndum, todo se acelerará", añadió.

'Suflé' 

Desde Madrid, el gobierno español no se muestra especialmente preocupado y considera que Cataluña está gobernada por un "puñado de separatistas" que ocultan así su mala gestión y la corrupción en la región.

La fiscalía ordenó el jueves varias detenciones de miembros del partido de Artur Mas presuntamente vinculados con el pago de comisiones ilegales a cambio de la atribución de contratos públicos.

Hace una semana, además, abrió otra investigación por el presunto robo de datos fiscales para poner en marcha una Hacienda catalana independiente.

La vicepresidenta del ejecutivo español, Soraya Sáenz de Santamaría, está al frente de un "diálogo" para "normalizar" las relaciones, aunque sin éxito de momento.

Desde el miércoles, la prensa asegura que el gobierno también se prepara ante un posible choque, contemplando incluso suspender en parte la autonomía catalana y pasar a administrar directamente la región para evitar un referéndum.

El gobierno cuenta con que los 100.000 funcionarios de la región cuyo salario depende directamente de Madrid rechacen obedecer a los líderes independentistas y también con la presión económica ya que la Cataluña, muy endeudada, no puede financiarse sin el Estado español.

También espera que el "suflé" del independentismo caiga con la recuperación económica y las inversiones previstas en infraestructuras regionales tras años de vacas flacas.

Mientras, los catalanes se muestran divididos: un 44,9% quería la independencia y un 45,1% no en el último sondeo del gobierno regional. Pero una amplia mayoría desea decidirlo en un referéndum.

Foto: La Gran Época 



Fecha: 3 de Febrero de 2017 | AFP